¿Innovación farmacológica incentivada?


NOTA inicial: Este post es un resumen “interpretativo” de la ponencia de Paloma Fdez. Cano, Directora Gerente de Relaciones Institucionales de MSD España, en la mesa sobre “Cuarta Garantía” de las Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud.

En el contexto de crisis económica y de cuestionamiento de la sostenibilidad y la viabilidad del sistema nacional de salud, cada vez está más claro que la aprobación de nuevos medicamentos no tiene porqué necesariamente estar ligada a su financiación pública. Un medicamento útil e innovador puede sin embargo ser poco eficiente, y por tanto puede estar aprobado administrativamente para su consumo, pero eso no necesariamente debe indicar que tengamos que asumir entre todos su sobrecoste. Algo que, con mucho sentido, venimos los profesionales sanitarios reclamando desde hace mucho tiempo.

Con mucho retraso, las administraciones sanitarias central y autonómicas han incluido como una tendencia a la que dirigir los pasos que la financiación de las novedades terapéuticas esté supeditada al cumplimiento de unos criterios de coste-efectividad (lo que se ha dado en llamar la “cuarta garantía”). Aunque, claro está, ya sabemos que los acuerdos del consejo interterritorial de salud (ministerio + consejerías de salud) no tienen rango normativo…

Y, claro, cuando digo que aquí se ha comenzado a hablar de esto con cierto retraso es porque en países como Suecia (a través de la LFN) o, más conocidamente, Gran Bretaña (la archinombrada agencia NICE), esto se viene haciendo desde hace unos años. Cosa que no ha dejado indiferente a nadie, y especialmente a la industria farmacéutica, que ha percibido la actuación de estas agencias, a las que tachan de rígidas y excesivamente pendientes de aspectos técnicos y metodológicos, como una amenaza. ¿Porqué? No existiría ningún problema para nadie si los medicamentos en cuestión fueran coste-efectivos y seguros, pero todos sabemos que no todos lo son. De ahí que, ¡Houston!, tengamos un problema.

Sí, digo bien, un problema. Porque un informe desfavorable de la NICE supone un varapalo a las expectativas de retorno de la inversión inicial que supone para un laboratorio la creación de un nuevo medicamento. Con el consiguiente peligro para la contabilidad de esa empresa. Lo que se traduce en una merma en la capacidad de dicho laboratorio para generar nuevas patentes y nuevos fármacos. Y en un ajuste de plantillas (y más ahora con la reforma laboral que nos ha caído del cielo). Al final, como no, es el papá estado (y sus empleados), o sea, todos nosotros, los que pagamos los platos rotos. O eso quieren hacernos ver. ¿Complejo, no?

Es por eso que países como Gran Bretaña, con un sector industrial farmacéutico potente se haya planteado diversas fórmulas para incentivar la creación de nuevos fármacos. Uno de ellos es tan simple como crear un programa, llamado “Innovation Pass” (en fase de pilotaje aún) que de alguna manera puentea al NICE en cuanto que no se somete a los dictámenes de ésta. A través de este programa se aprueban y financian algunos (no muchos, es cierto, y por ahora sólo para enfermedades raras) medicamentos innovadores con criterios no sólo técnicos de coste-efectividad, sino también “sociales” (como no, tenía que salir esta palabra…). Tiene la particularidad de que los medicamentos acogidas a esta vía de by-pass no salen de los presupuestos de farmacia… conjeturando uno pede pensar que es para esconderlos mejor en el conjunto del maremagnum de cifras de los presupuestos de todo un estado (claro está, esto no son palabras de Paloma, es cosecha propia). Este sistema de alguna manera convence al sector farmacéutico, pero lo ven como insuficiente. La industria, ese león insaciable, pide más incentivos para “seguir generando innovación”. A ser posible con fondos públicos…

Claro, esto es una visión particular de los hechos (y ahora ya dejo las palabras de Paloma, rememoradas y particularmente interpretadas por mi, y comienzo a hablar yo). La industria en realidad no genera tantos medicamentos innovadores. Ni precisan más incentivos que las grandes fortunas que acumulan por sus medicamentos grandes-ventas (llamados blockbusters) (tampoco comparten dichos enormes beneficios, aplicando la máxima del capitalismo voraz: socializar las pérdidas, compartir los riesgos y privatizar las ganancias). Ni están tan dispuestas a asumir sin más la cuarta garantía como algo necesario para asegurar esto tan bonito que es el Sistema Nacional de Salud (en palabras, de nuevo, de Paloma: la cuestión no es si análisis coste-efectividad sí o no, asumimos que es algo que nos caerá encima; la cuestión es cómo se hará… ¡miedo me da!).

Simplificando (y tergiversando) mucho concluyo diciendo que probablemente si todos los directivos y grandes accionistas de las multinacionales financieras en vez de seguros médicos privados tuvieran “la seguridá sociá”, lo mismo otro gallo cantaría, aunque fuese sólo por puro egoísmo.



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